La nueva constitución europea debe ser ratificada por el parlamento o mediante referendum en todos los estados miembros. Sin embargo la mayor parte de los europeos no siente entusiasmo por votar un texto constitucional que es profundamente desconocido y sobre el que no existe ningún debate entre los partidos.

La realidad es que los ciudadanos tienen serios motivos para permanecer indiferentes sobre una Constitución en cuya discusión y elaboración no han participado y cuyo texto ha sido consensuado por familias políticas, grupos de presión y gobiernos al margen de la voluntad popular.

Si el procedimiento ha fallado, tampoco las circunstancias son nada propicias para el entusiasmo. La reciente ampliación de la Unión de 15 a 25 países ha traido consigo numerosos problemas que están sin resolver, empezando por una redistribución de los fondos europeos y terminando por una pérdida de cohesión política y económica.

La UE era un proyecto homogéneo a finales de los 80 cuando entraron España y Portugal. Hoy, desgraciadamente, ha dejado de serlo y lo será menos en el futuro si se incorporan otra media docena de países que están llamando a la puerta.

Casi ningún dirigente europeo se atreve a profundizar en estos problemas, pero la realidad es que muchos ciudadanos empiezan a percibir la UE más como un foco de conflictos que como un espacio de cooperación y desarrollo.

Los problemas no desaparecen por no hablar de ellos, por lo que sería deseable un amplio debate en todos los estados miembro sobre la construcción europea y lo que va a representar la nueva Constitución. Los ciudadanos deben tener el derecho de pronunciarse. (*)

Por todo ello el proyecto EURO 3000 pretende devolver a los ciudadanos europeos el derecho que les corresponde a decidir por si mismos sobre el contenido de la contitución y el código legal europeo.

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(*) Extractos de El Mundo de 12/10/04